El feo asunto de las propiedades inmobiliarias presuntamente vendidas por la infanta Cristina tiene componentes cuyo final está lejos de vislumbrarse, pero está fuera de duda la desastrosa gestión que del asunto está haciendo el ministerio. Porque:
–Sea la hija del Rey o sea perico de los palotes, las instituciones del Estado deben manejar con toda discrección la información individual de los españoles, luego nadie tiene por qué ver expuestas sus cuentas en la plaza pública, como le está ocurriendo en este momento a Cristina de Borbón.
–Resulta esperpéntico ver al ministro Montoro echar balones fuera argumentando que la Ley le impide ver casos particulares, cuando él mismo ha amenazado sucesivamente a actores, deportistas y otros personajes públicos por no cumplir con el fisco. No es posible que la legislación obligue a guardar secretos en algún caso y permita frivolidades en otros.
–La Agencia Tributaria tiene su credibilidad en el punto más bajo de su historia reciente en el mismo momento en que está pidiendo a los españoles que cumplan con ella. Con semejante descrédito, no sería extraño que la campaña de este año fuera un fracaso, si no fuera por el efecto punitivo del fisco, que sólo debería amenazar a los delincuentes y no a los ciudadanos de bien.
El caso es que la Hacienda de España, que es un elemento central de su sistema democrático, está dejando negro sobre blanco que no todos los habitantes del país son iguales ante el Estado y ésa es una herida que igual no cicatriza nunca. Veremos.
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